El Pleno aprueba seis expedientes más contra las obras y construcciones ilegales

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra continua su lucha contra las obras y construcciones ilegales en su término municipal dentro de su obligación de protección de la legalidad urbanística aprobando en el pleno de este mes seis expedientes más de demoliciones.

Concretamente se ha ordenado devolver a su estado original un rebaje de terreno para la extracción de albero que se detectó en la carretera de Las Canteras, en el antiguo cuartel de Gandul. Estos terrenos están calificados en el PGOU Vigente como Suelo No Urbanizable Protegido por Interés Forestal Recreativo, y la extracción de áridos no es compatible con este tipo de suelo, máxime cuando se encuentra dentro de la delimitación del Bien de Interés Cultural Zona Arqueológica de Gandul.

Por otro lado, también se ha instado a demoler una construcción de estructura metálica con cerramiento para uso industrial que se había levantado en la finca Los Adaines, en la carretera Sevilla-Utrera, cuando estos suelos están calificados en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable Común.

Esta construcción, además de no contar con licencia municipal, ni con los perceptivos procedimientos de prevención ambiental y declaración de utilidad pública, se consideran no legalizables tanto por la calificación del suelo como por estar a menos de 2.000 metros del núcleo urbano.

Igualmente, han pasado por pleno otros cuatro expedientes referidos a obras en la carretera de Torreblanca-Mairena donde se han detectado construcciones de carácter residencial cuando dichos suelos están calificados como Suelo Urbanizable Programado con uso Industrial, por lo que son ilegalizables.

El Ayuntamiento ha ordenado en todos los casos restablecer el orden jurídico perturbado, es decir, demoler las construcciones ilegales o volver a dejar los terrenos como estaban antes de la actuación. Para que se inicien estas actuaciones de reposición se ofrece un plazo que oscila entre una semana y veinte días. Todo ello sin detrimento de las multas coercitivas que supone el incumplimiento, de hasta doce con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras realizadas y en todo caso como mínimo de 600 euros.

Transcurrido el plazo si los infractores no cumplen la orden en cualquier momento el Ayuntamiento, con su correspondiente autorización judicial, podrá llevar a cabo su ejecución subsidiaria a costa de los interesados.

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